Ley de morosidad… ¿para qué?

0
607
ley de morosidad
ley de morosidad

El origen de la actual Ley de Morosidad que está en vigor en España tiene su causa en un motivo que, ya de por sí, muestra la falta de convicción del Legislador en su aplicación: En mi opinión, más que tratar de elaborar una norma que combata la morosidad en nuestro país y acabe con los impagos de larga o indefinida duración, nuestro Órgano Legislativo tenía interés en cubrir el expediente con respecto a la obligación venida desde Bruselas de incorporar a nuestro Ordenamiento interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pero sin dotar a dicha norma de verdaderas medidas que obliguen a los deudores a cumplir los plazos de pago que se prevén. No obstante, teniendo en cuenta los intereses que la Ley establece, puedes acudir a nuestra calculadora de intereses para conocer cuánto sumarían en tu caso concreto.

Según lo dicho, la promulgación de esta Ley no supuso la desaparición de la necesidad de los proveedores de acudir a los procedimientos judiciales y extrajudiciales de recobro para tratar de obtener lo que la Ley de Morosidad no les garantiza.

I. Novedades de la Ley de Morosidad. Lo que pudo ser y no es.

¿Qué pagos quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley?

La Ley 15/ 2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/ 2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo 3, establece cuál es su ámbito de aplicación, indicando en su apartado 2 cuáles son los pagos que quedan fuera del mismo:

ley de morosidad

  • a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.
  • b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras.
  • c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

¿Cuáles son las novedades más importantes de la Ley de Morosidad?

La Ley introduce como novedades más importantes, bajo mi punto de vista, las tres siguientes:

ley de morosidad

  • La limitación del plazo para el pago a proveedores de productos o servicios a un máximo de 60 días, para las empresas, y de 30 para las Administraciones.
  • Prohibición de que se pacten plazos más amplios para el pago de las facturas que los mencionados.
  • La previsión de penalización en forma de indemnización, en caso de sobrepasar los límites máximos de plazo.

¿Cómo se obliga a las empresas a respetar estas obligaciones?

Las dos primeras medidas de la Ley de Morosidad mencionadas deberían encontrar en la tercera el arma coactiva para asegurar su cumplimiento por parte de los actores en el tráfico mercantil o, dicho de otro modo, si queremos que una empresa deudora pague a su acreedora dentro de los 60 días y que no introduzca en sus contratos plazos mayores, la forma de lograrlo sería obligar a aquélla bajo la amenaza de, en caso de incumplimiento de estas obligaciones, tener que abonar una sustanciosa indemnización.

Esta suma que el incumplidor moroso tendría que afrontar, según el artículo 8.1 de la Ley, debería ser igual a los intereses de demora pactados y, en su defecto, aquéllos que sean iguales a la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 

Además del devengo de estos intereses, la Ley prevé que se pueda sumar directamente al principal a reclamar la cantidad de cuarenta euros, sin necesidad de reclamar esta suma previamente al deudor.

Asimismo, se puede exigir el pago de una indemnización por los costes que le haya supuesto al acreedor solicitar el cobro y que pueda acreditar, siempre que superen esa cantidad de cuarenta euros.

¿Por qué anteriormente he usado el tiempo condicional para referirme a la obligación del pago de la indemnización por el deudor? Porque existe un apartado 2 dentro del mismo precepto, que establece que “el deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago”.

La ambigüedad en el contenido de este segundo apartado del artículo 8 de la Ley de Morosidad, abre la puerta a la casuística más amplia que se pueda imaginar en cuanto a las múltiples razones que un deudor puede dar a la hora de justificar el retraso en un pago, a lo que hay que añadir que, al no preverse un sistema de aplicación automática de esta norma, el acreedor que pretenda cobrar la indemnización tendrá que solicitarla y acreditar la obligación del deudor de pagarla, mediante el correspondiente procedimiento judicial, con la dificultad y coste en tiempo y dinero que ello conlleva.

En definitiva, el único modo que la Ley prevé para obligar a los proveedores a cumplir los plazos de pago, se ha revelado inútil e ineficiente, y esto convierte a sus supuestamente beneficiosas innovaciones casi en mera literatura jurídica con dificultades para su aplicación práctica.

II. Evolución del índice de morosidad tras la entrada en vigor de la Ley.

¿Ha mejorado la situación de retrasos en pagos en España desde la entrada en vigor de la Ley de Morosidad?

Desde luego, por desgracia, no podemos decir que los pagos a proveedores se estén realizando en nuestro país en los plazos que la Ley establece, debido a la circunstancia que comentábamos en el epígrafe anterior.

Por otro lado, no es menos cierto que en los últimos años la tendencia ha sido positiva y que, lenta pero progresivamente, se ha ido reduciendo la media de retrasos en los pagos de modo tal que, tal y como revela el último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, dicha media se sitúa en los 79,4 días, mejorando datos anteriores, pero aún lejos de los 60 previstos por la Ley de Morosidad.

ley de morosidad

Por otro lado, se aportan en el mencionado Boletín datos que invitan al optimismo, como son el relativo a la disminución en cinco décimas de la morosidad empresarial con respecto al año pasado, alcanzando en la actualidad los 93,5 puntos, o que el coste financiero de la morosidad ha descendido al mínimo de la serie histórica hasta alcanzar aproximadamente los 900 millones de euros, un 0,1% del PIB.

Por sectores, si bien se indica que el sector textil ostenta la media de retrasos en los pagos más alta (96,9 días), en el sector del plástico la media se acerca al límite legal, reduciéndose hasta los 77,5 días, destacándose que en todos los sectores de actividad se ha percibido una disminución de los períodos de pago.

Por último, en cuanto a las Administraciones Públicas, son con diferencia las entidades que más se retrasan en sus pagos, lo que no deja de suponer un escándalo para la conciencia ciudadana y una contradicción con respecto al objetivo de servicio a la sociedad que los entes públicos deben perseguir.

Al menos, podemos dar la buena noticia de que la media de retrasos de la Administración ha descendido de unos insoportables 113 días de hace poco tiempo, a 85 días.

A pesar de los datos esperanzadores que arroja la deriva positiva de estos últimos tres años, la evolución más reciente del indicador muestra síntomas de agotamiento de este último ciclo de mejora de los niveles de impago, previéndose un leve repunte de los mismos de manera inminente, tal y como resaltamos en el post de nuestro blog titulado “Los niveles de impago van a peor”.

¿Ha contribuido la Ley de Morosidad en la mejora de los datos sobre los retrasos en los pagos?

ley de morosidad

Según todo indica, lo que ha influido de manera decisiva para que las cifras sobre morosidad en las empresas hayan evolucionado positivamente en estos tres últimos años, ha sido la mejora de los datos económicos y financieros en nuestro país, así como el consiguiente aumento de la confianza de los profesionales y empresarios que les permite ser menos precavidos en el desembolso de las cantidades debidas a sus proveedores.

No parece, por tanto, que la entrada en vigor de la Ley de Morosidad haya contribuido de una manera decisiva en la disminución de los retrasos en los pagos, más allá de significar una declaración de intenciones del Legislador de emplearse en la lucha contra los mismos.

 

III. Las empresas de recobro y ficheros de morosos tras la entrada en vigor de la Ley de Morosidad.

¿Han dejado de tener utilidad las empresas de recobro y los ficheros de morosos después de la Ley de Morosidad?

Sin duda, la respuesta es negativa. Es cierto que en el caso de las empresas de recobro, como desarrollamos en el post “Empresas de recobro ¿Son útiles?”, las mismas tienen una utilidad que ha ido decreciendo con el paso del tiempo, con un éxito en su actividad de recuperación de impagos que ha descendido desde los años de crisis, y que ofrece el problema de su elevado costetrámite complejo y tentación de recurso a prácticas ilícitas  y en todo caso nada éticas.

ley de morosidad

Sin embargo, lo cierto es que tras la entrada en vigor de la Ley de Morosidad la persistencia de una media alta en los retrasos de los pagos a proveedores explica que en el campo del mundo empresarial siga estando de actualidad el recurso a este tipo de entidades que ahorran a las empresas el esfuerzo de “perseguir” al moroso.

Cuestión distinta es el referido a los ficheros de morosidad, figura que tradicionalmente se relacionaba con los bancos y grandes empresas financieras y de comunicación, pero en los que en la actualidad, desde la entrada en funcionamiento de ICIRED, tienen cabida en cuanto a su uso todas las empresas, de cualquier tamaño, e incluso autónomos y particulares con créditos a su favor, facilitando su uso habitual mediante la previsión de un procedimiento íntegramente online y precios asequibles.

A partir de aquí, la existencia de un índice de morosidad en España que amenaza con mantenerse en niveles elevados un tiempo sin que la Ley de Morosidad suponga un obstáculo para ello, convierte en una opción muy interesante el recurso a un fichero de morosidad que permita realizar la reclamación extrajudicial y publicar los datos del reclamado en el listado de morosos, a un bajo coste y con un porcentaje de éxito bastante alto.

¿Qué incidencia tiene la existencia de ICIRED en la disminución de los plazos de pago?

Resulta lógico deducir que la generalización de una herramienta de publicación de impagos, de uso sencillo y con bajo coste, influya de manera decisiva en la percepción que los deudores tengan sobre los perjuicios que puedan sufrir por el retraso en el abono de las facturas pendientes.

Ser conscientes de que, de no pagar a tiempo, el nombre de su empresa puede aparecer en calidad de morosa en el fichero de morosos y que tecleando dicho nombre en los buscadores de Internet aparecerá una referencia al impago, insta de manera apremiante a la entidad deudora para satisfacer las cantidades que deba cuanto antes, situación que con anterioridad no se daba y que, no cabe duda, repercutirá positivamente en los números sobre morosidad que hoy en día se nos muestran.

Los impagos con los que la Ley de Morosidad no ha conseguido acabar continúan siendo, aun después de la entrada en vigor de ésta, uno de los principales problemas de las empresas y autónomos de nuestro país, por lo que el uso de sistemas de reclamación actuales y eficaces como ICIRED se vuelve una necesidad. En nuestra web podrás conocer toda la información que necesitas para que tu empresa o negocio empiece a dejar atrás los problemas de solvencia. También puedes llamarnos gratis al 912 668 043, o enviar tus dudas y cuestiones al correo [email protected]

Ley de morosidad… ¿para qué?
Valoración

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.